Por Santiago López Acosta

El pasado 15 de diciembre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, rindió su tercer informe de labores ante la sociedad mexicana y los plenos del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral, del titular del Ejecutivo Federal y de los presidentes de las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Destacó el ministro Saldívar que se ha buscado acercar la impartición de justicia en todos los niveles sociales del país, y que “seguiremos trabajando todos los días, con intensidad y pasión, hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre. Todos los derechos para todas las personas. Hoy somos un nuevo Poder Judicial de la Federación que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca”.

En relación con la corrupción, aseguró que al interior de la SCJN se ha implementado un criterio de cero tolerancia a dicha práctica, ya que se ha impulsado un sistema que la persigue y sanciona en todas sus formas y desde todos los niveles. “En el Poder Judicial Federal ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Y no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del estatus quo. Evidenciar la corrupción, perseguirla y prevenirla, lejos de debilitarnos, nos fortalece y reafirma nuestra legitimidad”.

Señaló que el nepotismo prevaleciente se ha erradicado con reformas reglamentarias. Que se fortaleció la carrera judicial y que ahora todos los cargos, incluidos los administrativos, se someten a concurso. Que se cuenta con una nueva Escuela Federal de Formación Judicial que garantiza los mejores perfiles, y con un servicio de defensoría pública, con capacidades inéditas para alcanzar todos los rincones del país y a personas que no habían tenido acceso al sistema de justicia.

Informó que con el nuevo sistema de precedentes se garantiza que cada sentencia de la SCJN tenga un impacto inmediato y real, cuando es aprobada por las mayorías calificadas requeridas y es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, con toda la fuerza normativa como Tribunal Constitucional.

Expuso que este año se logró consolidar la e-justicia, al establecer las bases de un sistema judicial más moderno y eficiente, que aproveche al máximo los desarrollos tecnológicos para consolidar la justicia digital.

Destacó la nueva justicia laboral, que brinda certeza y protección a los derechos de las personas empleadoras y trabajadoras, precisando que la duración de los juicios en procedimientos ordinarios ha pasado de aproximadamente cuatro años promedio a sólo cuatro meses.

Refirió los avances para que más mujeres accedieran a plazas de titularidad al interior de lo Poder Judicial, así como acciones en favor de grupos de la diversidad sexual, de personas con discapacidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas con la defensoría del ramo que tiene un servicio de variantes lingüísticas, capacitando funcionarios que hablan 39 de las 148 lenguas originarias que se usan en el territorio nacional.

Si bien es cierto que se tuvieron avances los últimos años, la mayoría de esas acciones ya se venían desarrollando con anterioridad, en el ámbito interno y hacia a la sociedad, con una visión de apertura, transparencia y profesionalismo.

Continuando con su relación política con el gobierno federal de respeto y colaboración, el discurso del ministro presidente reprodujo casi textualmente muchos de los términos y conceptos que utiliza usualmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para no dejar lugar a dudas. Pero más allá de eso, lo importante es que se mantenga y consolide un Poder Judicial autónomo e independiente del poder político, es lo que demanda la nación en una etapa tan compleja como la presente.

De las resoluciones relevantes, con impacto político, durante los últimos tres años solo se puso en entredicho la relativa a la consulta popular que tuvimos en agosto pasado, en una votación totalmente dividida, que la validó y modificó la pregunta de ésta, realizándose un ejercicio logístico exitoso por parte del INE, pero como se anticipó, sin ninguna consecuencia o impacto de alguna otra naturaleza.

En el resto de las resoluciones la SCJN ha mantenido la sobriedad por el respeto a la Constitución y las leyes, convirtiéndose en el principal dique y soporte del estado de derecho, frente a los embates del poder político y de los poderes facticos.

Podemos decir lo mismo de los jueces y magistrados que han resistido las presiones políticas y mediáticas, arriesgándose a ser exhibidos y cuestionados desde la más alta tribuna política.

La división de poderes no sólo es una teoría, sino que se materializa cuando alguno de ellos pretende controlar o estar por encima de los demás, buscando hacer nugatorios los equilibrios y contrapesos, y ahí donde es relevante la existencia de un Poder Judicial sólido, fuerte, profesional, pero sobre todo autónomo e independiente, que logre la primacía y plena vigencia de la Constitución y las normas que sustentan el sistema jurídico, como uno de los pilares del estado democrático.

No existe ninguna democracia sin estado de derecho, y para que éste se materialice es necesario, entre otras condiciones, un Poder Judicial que lo haga real y que el acceso a la justicia sea una constante, cotidiana y confiable para todas las personas. De ese tamaño es el compromiso y el reto del Poder Judicial.

Aprovecho para desear a mis pocos o muchos lectores mis mejores parabienes durante los próximos encuentros familiares y sociales de navidad y año nuevo, tomaremos un receso y ojalá nos volvamos a encontrar, la segunda semana de 2022.

Santiago López Acosta

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.