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Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

Hay quienes se sorprenden del alto nivel de aceptación del presidente López Obrador. Si se hace una reflexión retrospectiva las sorpresas serán escasas. Por eso realizar el balance político del primer trienio de su gestión presidencial, nos lleva a realizar, a vuelo de pájaro, un recorrido de su quehacer político desde la presidencia del PRD (1996-1999), responsabilidad en la que se distinguió por su pragmatismo, al promover coaliciones electorales con el PT, PVEM y el PAN, partido que al correr del tiempo se convertiría en adversario irreconciliable. El triunfo electoral de 2018 le dio una incuestionable legitimidad, que no sólo abrevaba del 53% de los votos obtenidos en la elección presidencial, sino venía de atrás.

Una amplia coalición (PRD, PT Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y al final se sumó el Centro Democrático) lo postuló como candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Desde el inicio de su gestión en la Jefatura de Gobierno, del otrora Distrito Federal, la estrategia del actual presidente fue clara y se dio en tres frentes: la austeridad republicana, aunque en ciertas áreas llevara a la ineficacia administrativa, con el fin de tener recursos para el segundo: instrumentar una política social asistencialista y; fijar la agenda de discusión política nacional en las conferencias de prensa mañaneras.

La Jefatura de gobierno le permitió adquirir una presencia nacional y una fuerza política al interior del PRD suficientes para desplazar, en 2006, al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de su aspiración para competir por cuarta ocasión a la presidencia. Esa candidatura, a pesar de haber perdido la elección, lo convirtió en un indiscutible referente nacional desde la izquierda. Por las diferencias con el grupo de los “Chuchos”, en 2011 inició la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, en los hechos, una fuerza política propia al interior del PRD, lo que aunado a sus recorridos por el país después de 2006 lo llevaron a obtener nuevamente la candidatura presidencial para las elecciones de 2012, para desembocar en la fundación de Morena en 2014.

Un dato significativo, pero desechado por muchos, es que López Obrador tiene una historia propia como dirigente social, eso lo distingue de los miembros de la clase política tradicional. Recorrió todos los municipios del país antes y después de las elecciones de 2012. El pragmatismo del que hizo gala cuando fue presidente del PRD lo recuperó en el camino a 2018. Construyó una “coalición dominante”, se acercó a los empresarios, hizo candidatos a todo aquel que pudiera proporcionarle voto, construyendo un discurso dual conciliador con las clases medias y los empresarios y cercano a las necesidades básicas de los marginados del progreso neoliberal, que se ha sintetizado en la frase “por el bien de todos, primero los pobres”. Le dio esperanza a los desesperanzados.

Antes de la toma de posesión, saliéndose del guion tradicional, desató una actividad política febril, que tendió un velo sobre el presidente Peña Nieto, por primera vez en la historia un presidente en funciones se convirtió en una pálida sombra en la etapa de la transición. Al tomar posesión las acciones gubernamentales han sido impulsadas y difundidas cotidianamente por medio del discurso político construido, cotidianamente, en las conferencias mañaneras.

La nueva administración se ha empeñada en llevar adelante sus políticas sociales de cobertura nacional, detonar el desarrollo económico con inversiones del Estado como motor fundamental, atender los problemas de inseguridad pública y combatir la corrupción. Más allá de deficiencias en los proyectos y las repercusiones sociales y económicas, una consecuencia política natural ha sido el fortalecimiento de la legitimidad presidencial, expresado nítidamente en el 68 por ciento de aprobación según encuesta de diciembre de 2021, otra lo coloca con el 58 por ciento. En cualquiera de los casos es un alto nivel de conformidad con la conducción gubernamental.

Hasta el 28 de mayo de 2021, la 4T ha realizado la modificación de cincuenta y cinco artículos constitucionales. Las reformas podríamos aglutinarlas en cuatro grandes temas: seguridad, anticorrupción, social y político. Las excepciones fueron el intento de reformar el artículo 41 constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos, sus aliados (PT, PES y PVEM) no estuvieron de acuerdo y; la reforma en materia eléctrica que esta pendiente.

Para Morena, en el campo electoral los resultados de 2021 son aparentemente paradójicos, pues perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero continúa siendo el partido mayoritario y junto con sus aliados se acerca a esa mayoría. territorialmente creció de manera importante, de quince gubernaturas en juego ganó 11 y una con un aliado condescendiente. Para Morena, las elecciones de este año presentan un escenario favorable. De los seis estados donde se elegirá gobernador lleva ventaja en cuatro y en uno es competitivo. Actualmente gobierna 18 entidades federativas.

Para el presidente la revocación de mandato es un éxito político anticipado. Lo único que podría enturbiarlo es el conflicto presupuestal con el INE. Si la Suprema Corte ordena a la Secretaría de Hacienda proporcionar los recursos faltantes para la organización de la revocación de mandato y si se da un desacato, estaríamos ante una crisis constitucional.

Los cambios en el gabinete, en particular en la Secretaría de Gobernación con la salida de Olga Sánchez Cordero, que cumplió con la función de dar tranquilidad a ciertos sectores políticos y la llegada de Adán Augusto López un operador político de toda la confianza de presidente le permite tener el control de la política gubernamental y dedicarse de tiempo completo a las dos cosas importantes en el trienio final de su período: empujar la conclusión de las obras icónicas de su gestión e instrumentar una proceso sucesorio con los menos sobresaltos posibles con el objetivo de la continuidad, porque el mayor riesgo electoral de Morena es su propia fractura.

La oposición partidaria, y empresarial no representa ningún riesgo electoral para la 4T, sumida primero en una hondonada de estupor, balbuceó una reacción descalificadora y Frena fue una golondrina que no hizo verano. Los partidos quedaron paralizados hasta las elecciones de 2021 que encontraron como salida casi mágica aliarse. No han sido capaces de construir una alternativa programática que reste apoyo social a Morena.

Por su parte el presidente se ha salido de cualquier estereotipo de comportamiento de la vieja clase política, acostumbrada a los juegos cortesanos y distante del sentir de la población; también ha mantenido el ritmo de la discusión política con un discurso rijoso, con muchos buscapiés distractores desde la rifa de un avión que sigue ahí, las expresiones frívolas sobre la pandemia e incongruencias entre el decir y el hacer. Su imagen ha resistido todo tipo de descalificaciones y acciones propias. Políticamente, manejando el simbolismo con habilidad, le ha ganado casi todas las jugadas a sus adversarios que persisten en clasificarlo y no entienden que no les está hablando a ellos, ni a la clase media ilustrada. Sus interlocutores privilegiados son los marginados de la modernidad neoliberal y beneficiarios de su política social.

En este último trienio el presidente está suavizando su discurso político, iniciará el diálogo con el PAN y está llevando a cabo acciones para agrietar la débil unidad de los partidos, en particular del PRI. Con seguridad, detrás de la propuesta de gobernadores para ocupar puestos en el servicio exterior existen acuerdos para que algunos diputados se sumen a la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica y, probablemente, a Morena en las elecciones del 2024. Todas estas acciones tienen un claro objetivo garantizar el triunfo de Morena en la elección presidencial de 2024 y, tal vez alcanzar la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Para pasar a la historia debe darse la continuidad del proyecto por nebuloso que sea.

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.