Por Santiago López Acosta
La corrupción como conducta social o personal se puede presentar en cualquier actividad donde se busca obtener ventajas o beneficios indebidos en perjuicio de otros. Ha sido una práctica inveterada y recurrente a lo largo de la historia en la mayor parte del mundo. Sin embargo, se distingue en diferentes sociedades, países y estados, donde se presenta de manera aislada y excepcional, pero en otros, se ha generalizado en casi todos los ámbitos y sectores. Dentro de los primeros destacan los países nórdicos y en los segundos, algunos estados africanos y latinoamericanos.
Organizaciones de la sociedad civil con reconocimiento internacional han elaborado índices, que miden desde hace casi dos décadas, la percepción de los grados y niveles de corrupción de casi 200 países. En ellos, nuestro país no sale bien evaluado, quedando casi siempre dentro del bloque de los más corruptos.
Desde hace décadas se han hecho diversos intentos para tratar de cambiar esa tendencia, considerada por algunos, parte de la cultura que proviene desde la conquista, encuentro o colonización de los españoles. En los tiempos recientes se puede destacar el slogan de campaña de Miguel de la Madrid “La renovación moral de la sociedad”, misma que concreto en reformas constitucionales, legales y administrativas en diciembre de 1982.
Después vinieron otros cambios que buscaron perfeccionar el marco jurídico del sistema de responsabilidades y delitos de los servidores públicos, que no lograron cambiar de fondo el complejo fenómeno de la corrupción, pues partían desde las élites políticas y administrativas.
Va a ser hasta después de la transición política y primera consolidación democrática, en la segunda década del presente siglo, con una sociedad civil más organizada, demandante y exigente, la que va a presionar para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en 2014 y 2015. Logran conjuntar más de 650,000 firmas de apoyo para hacer que el Constituyente Permanente reforme el artículo 113 constitucional para incorporar el Sistema, además de todo el entramado legal y administrativo a nivel nacional, a partir de 2016.
El SNA lo integran las principales dependencias , entidades y organismos constitucionales autónomos con atribuciones que pueden detectar los hechos y prácticas de corrupción, como la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se crea un Comité de Participación Ciudadana, el cual, a través de uno de sus integrantes preside el Comité Coordinador del mismo; como sistema nacional participan también representantes de los sistemas locales, por lo que en cada entidad federativa se crea un mecanismo similar.
Se ideo un sistema de coordinación, colaboración, intercambio de información y de políticas públicas en la materia, comunes a nivel nacional. Para ello se creó la Secretaria Ejecutiva, que se encarga de integrar, procesar, articular toda la información, además de instrumentar y dar seguimiento a las recomendaciones que produce el sistema y estar evaluando los resultados que permitan avanzar en los cometidos anticorrupción.
La principal bandera política durante la campaña de 2018, y por la que gana con más de 30 millones de votos el Presidente López Obrador, es justamente acabar con la corrupción, sin embargo, y a pesar de ser la principal prioridad de su gobierno, no se ha presentado ninguna iniciativa, política pública, propuesta, línea de acción, más allá de lo recurrentes señalamientos mañaneros. Si no se crean mecanismos y prácticas que se institucionalicen es muy difícil que propósitos tan loables como ese puedan alcanzar los objetivos deseados. El mero voluntarismo es absolutamente insuficiente, por más que se haga desde la más alta tribuna y desde el cargo de mayor trascendencia.
El SNA, surgido del impulso de la sociedad, apenas se ha estado conformando y completando en las instituciones que lo integran, sin que el actual régimen haya mostrado ningún interés de impulsarlo. El costo del Sistema es ínfimo, apenas 123 millones de pesos, lo cual es casi nada en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva, que es el órgano técnico y operativo de este.
En días pasados, con el discurso y política de la austeridad, se anunció una reforma administrativa por la que se pretende eliminar organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal y constitucional autónoma, y sus funciones subsumirlas en dependencias centralizadas del Gobierno Federal, dentro de los que se incluye la extinción de la Secretaria Ejecutiva del SNA.
Costó mucho trabajo, estudio, tiempo y esfuerzo social la creación del SNA, el cual todavía no se había completado y empezado a funcionar, y merece que se le dé la oportunidad de operar y actuar para que ofrezca resultados. La sociedad y el país necesita algún instrumento institucional que sirva para intentar contrarrestar la terrible corrupción que sigue corroyendo las estructuras públicas y privadas. El combate a la corrupción no tiene partido ni signo o corriente ideológica o política, y se debe realizar aprovechando las mejores experiencias y prácticas internacionales, independientemente de quien ostente el poder. Eso se empezó a hacer en nuestro país con el naciente SNA, ojalá que no termine como un nonato.
