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Por Santiago López Acosta

@LpezSantiago

Los dos últimos días de julio pasado se llevó a cabo una elección interna de Morena para elegir tres mil congresistas nacionales, iniciando el proceso de renovación de sus órganos directivos, después de más de cuatro años en que, en términos de sus estatutos, tendrían que haberse renovado. Se cambió la dirigencia nacional, presidente y secretaría general únicamente, hace dos años, en un accidentado proceso donde tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral) ordenando al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar encuestas para resolver el conflicto y definir a los dirigentes.

La elección de ahora fue organizada por los órganos internos del partido, sin contar con un padrón de militantes confiable, entonces votaron quienes acreditarán su pertenencia al partido o su deseo de afiliarse, por lo que también fue, al mismo tiempo, un mecanismo de afiliación masiva.

Por cada uno de los 300 distritos electorales federales se elegían 10, 5 mujeres y 5 hombres, que serán coordinadores y consejeros distritales y congresistas nacionales. Esos tres mil designaran este fin de semana que acaba de terminar, según el calendario de los morenistas, los Comités Ejecutivos Estatales, en sus respectivas entidades federativas, y el 17 y 18 de septiembre próximos participarán en el III Congreso Nacional Ordinario. Sin embargo, hasta el momento de escribir estas líneas no se han divulgado resultados.

No hubo información suficiente y completa oportunamente, como tampoco campañas, en términos de la convocatoria, por lo que los militantes e interesados en serlo, no tuvieron información para resolver conscientemente por quién votar, de quienes integrarán estos órganos iniciales, que luego conformarán las dirigencias en todos los niveles y tomarán decisiones fundamentales que se avecinan, como las candidaturas y los métodos para definirlas.

Aun y cuando fueron múltiples las irregularidades que se presentaron, mismas que fueron ampliamente difundidas por las redes sociales y los medios de comunicación, éstas se minimizaron por el Presidente de la República y los dirigentes del partido.

Todos vimos acarreos, compra y coacción de votos, exclusión de disidentes, urnas embarazadas, falsificación de boletas, intervención de servidores públicos y probable utilización de recursos públicos, como los programas sociales y la presión a los beneficiarios de éstos, robo y quema de material electoral y no pocos casos de violencia, que afortunadamente no pasó a mayores. El hecho de que la mayoría de todos nosotros dispongamos de una cámara de video en nuestro celular ha dejado en evidencia todo lo anterior, por lo que no se puede minimizar ni ocultar.

Han resurgido prácticas detestables que suponíamos se habían quedado atrás, y que formaban parte de lo más lo más granado del museo de los fraudes electorales, de hace décadas en nuestro país. Suponemos que se presentaron las denuncias y quejas correspondientes, tanto administrativas como penales, y que las autoridades competentes actuarán en consecuencia, ojalá   rápida y eficientemente.

La Constitución y la Ley General de Partidos Políticos prevén la posibilidad de que los partidos puedan solicitar al INE que organice sus elecciones internas, como ya lo hizo el PRD hace algunos años, ante la dificultad de procesar adecuadamente sus procedimientos para seleccionar dirigentes y candidatos. Pero Morena ha expresado que no confía en el INE.

Sin embargo, lo que vimos el fin de semana anterior, en las internas de Morena, ha resaltado la importancia que tiene el INE y los Organismos Electorales locales, como instituciones de Estado necesarias para nuestra incipiente democracia, por lo que no solo es necesario conservarlos y mantenerlos, sino fortalecerlos y aprovecharlos.

Morena es el partido más joven del espectro político, con apenas 8 años de existencia legal, y con el crecimiento político y electoral más vertiginoso de la historia, pues en solo tres elecciones federales, 2015, 2018 y 2021, y algunas locales en el inter, ha logrado resultados nunca vistos, al contar con la Presidencia de la República, la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, 22 gubernaturas y la mayoría de los Congreso Locales y de las Presidencias Municipales, que lo han convertido en el partido dominante hoy en día. Por tanto, lo que ocurra en su interior tiene un impacto importante en el sistema político en su conjunto.

Es evidente que tiene una carencia elemental de procesos institucionales y no se ve que sus dirigentes estén ocupados en ello, ni que tengan interés en superar sus circunstancias fundacionales y motivacionales de su exponencial crecimiento. Supeditarlo todo al influjo del líder fundante, es en principio una fortaleza, que los ha llevado a ser lo que son ahora, pero también una gran debilidad, porque todo se puede desvanecer, dependiendo de lo que pase con aquel.

Por lo pronto hay mucha opacidad respecto de su elección interna reciente, de los resultados, de las impugnaciones, de cómo están procesando todo esto sus órganos internos o si ya se escaló a los órganos electorales, particularmente al Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, etcétera. Solo se dijo que participaron cerca de 3 millones de ciudadanos en más de 500 centros de votación, sin mostrar mayor evidencia, lo cual en principio genera dudas de cómo pudieron votar tantas personas en tan pocos lugares.

Los disidentes y opositores, internos y externos, seguramente no dejarán pasar tantas irregularidades, pues no sabemos la cantidad y la dimensión de estas, y si alcanzan para la nulidad parcial o total del proceso electoral. Recordemos que nuestro marco normativo, legislativo y jurisprudencial exige a los partidos realizar sus procedimientos internos bajo cánones democráticos, y lo que vimos no se ajusta a ellos. En fin, ya veremos como terminan las internas de Morena.

 

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.