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Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

La frase “la carrera presidencial” fue de uso corriente durante el antiguo régimen y tenía un significado con doble sentido. Por un lado, era andar de los suspirantes por los soterrados pasillos del poder para alcanzar la postulación de la candidatura presidencial y; por el otro, la realización de la campaña electoral, para que el futuro presidente fuera conocido y se dieran un “baño de pueblo”, porque los candidatos presidenciales eran desconocidos para la mayoría de la población.

Al hacer un recorrido a lo largo del siglo XIX por el complejo proceso de construcción del sistema político, culminando con el porfiriato, encontraremos que algunos rasgos sobrevivirán a la revolución y se convertirán en engranes esenciales del nuevo régimen. De manera particular el papel que jugaba el presidente como punto de equilibrio entre los distintos actores políticos: militares gobernadores, caciques regionales, etc.

Los presidentes desde Venustiano Carranza hasta Ernesto Zedillo cumplieron esa función equilibradora sustentada en complejas negociaciones con las más diversas fuerzas políticas y sociales.

El incremento del poder presidencial fue paulatino y nunca fue absoluto, aunque una confrontación descarnada con el presidente tenía alto riesgo de ser adversa para el atrevido desafiante. Vale la pena comentar algunos ejemplos que ilustren ese largo proceso. Ante la aspiración reeleccionista de Miguel Alemán, el mensaje de desacuerdo de los expresidentes y generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho fue suficiente para contener ese ímpetu.

Otra circunstancia importante fue la forma en que el presidente Adolfo Ruiz Cortines manejó la selección del candidato presidencial, dando nacimiento a la tradición “del tapado” y la consolidación del PRI como partido Hegemónico. Otro caso fue el de Gustavo Díaz Ordaz, quien en realidad gobernó doce años, los primeros seis como todopoderoso secretario de Gobernación, los otros seis como presidente y no tuvo dificultad para decidir la candidatura de Luis Echeverría.

El suceso paradigmático fue la decisión de Carlos Salina de Gortari al decidir que Luis Donaldo Colosio fuera el candidato presidencial. Fue evidente que el presidente Salinos jugó abiertamente. Promovió a Colosio peldaño a peldaño de su carrera política con el fin de que adquiriera experiencia política y administrativa. El objetivo de Salinas también quedó al descubierto pronto: controlar al nuevo presidente como resultado del tutelaje ejercido a lo largo de los años.

En la etapa de la alternancia del poder presidencial los escenarios cambiaron. Fox y Calderón no pudieron imponer a sus candidatos. Enrique Peña Nieto en la vieja tradición priísta impuso a José Antonio Mead como candidato. Resultó ser una presencia totalmente descafeinada, fue un factor que contribuyó a la derrota y a la decadencia del PRI.

En la actual coyuntura, la fortaleza de la legitimidad presidencial consecuencia del resultado de la elección de 2018, de la política social instrumentada, que a pesar de sus deficiencias ha creado un imaginario social de cambio y, sobre todo, ha dado esperanza de que es factible un futuro mejor con mayores beneficios para los sectores marginados de la sociedad ha proporcionado al presidente una fuerza política relevante.

Por otro lado, está la concentración de poder en la presidencia de la República. La cual se ha fortalecido como consecuencia de que Morena y sus aliados tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales y gobiernan veintitrés estados. Lo cual ha traído como consecuencia la inexistencia de contrapeso desde el Congreso. Los organismos autónomos también han visto mermada su capacidad equilibradora; aquí la estrategia ha sido, en términos generales, no efectuar las designaciones de los cargos vacantes hasta dejarlos inoperantes; el mejor ejemplo es el INAI.

Aunado a lo anterior está el control presidencial sobre su partido y los aliados rumbo a la definición de la candidatura presidencial. Pasadas las elecciones de Coahuila y Edomex el presidente dio un giro a la estrategia política rumbo a la elección presidencial. Ante el escenario de que la carrera presidencial solo se correrá en una sola pista, la de la 4T, era necesario construir condiciones que proporcionaran la mayor legitimidad posible a la persona más cercana al afecto presidencial. Tan es así que lo planteado por el presidente en la cena con los gobernadores morenista (5 de junio) se convirtió en el guion de lo acordado en el Consejo Nacional de Morena (11 de junio) para elegir al “coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación”, este largo nombre es para evadir la reglamentación que regula las precampañas. Pero, en los hechos, materialmente es una precampaña porque de ese procedimiento saldrá el abanderado presidencial. Además, le abrieron la puerta a la participación a Gerardo Fernández Noroña (PT) y a Manuel Velasco (PVEM).

Por otra parte, le concedió a Marcelo Ebrard el que los aspirantes a la candidatura renunciaran a sus cargos, pero no cedió en el tema de la encuesta con varias preguntas cualitativas, que beneficia a Claudia Sheinbaum. La Comisión de encuestas definirá los procedimientos. Además, ante el riesgo de una posible escisión ha construido un discurso de imparcialidad, con el compromiso de no favorece a ningún aspirante y ha llamado a los gobernadores y servidores públicos federales que no promocionen a ninguna de las corcholatas.

Tal discurso no tiene ningún peso en los hechos por venir. Este proceso de elección recuerda la estrategia salinista de jugar con las cartas sobre la mesa. Evidente ha sido el cobijo del presidente a Claudia Sheinbaum a lo largo de su carrera como servidora pública y particularmente desde el destape de las corcholatas (2021). El trabajo de promoción de Sheinbaum como la mejor aspirante a la candidatura presidencial, desde el aparato gubernamental y partidario ha sido evidente.

Por otro lado, el discurso presidencial ha moderado el tono, ha disminuido la rijosidad. Todo parece indicar que la carrera presidencial se realizará en una sola pista, la de la 4T. La oposición no sólo va atrasada en el procedimiento, sino que impulsan un Consejo Electoral Ciudadano. Este procedimiento también busca evadir la normatividad que regula las precampañas.

Ese Consejo tiene participación de exservidores públicos electorales, no se duda de las buenas intenciones de la mayoría, pero políticamente es inoportuna. Le da perdigones discursivos al presidente y a la 4T para expresar que sus señalamientos de la complicidad del IFE-INE con la derecha se confirman. Esa colaboración no contribuye a fortalecer la legitimidad de las autoridades electorales actuales.

Leonardo Valdés expresidente del IFE encabeza ese Consejo. Triste papel terminar de “patiño” de los partidos aliancistas, con un discurso políticamente virginal quesque ciudadano, que también tiene la finalidad de burlar la legislación electoral. Si se quiere participar con cualquier opción política, lo que es legítimo, hay que comprometerse públicamente, sin dobleces. Eso sería lo éticamente congruente. Y no hablemos de su pasado cubierto de sombras.

La similitud de la coyuntura actual con el pasado estriba en el rol central de la presidencia en el juego por la sucesión presidencial. Somos testigos de un proceso de selección de la candidata ganadora trabajado cuidadosamente desde hace dos años, si no es que más. Sólo ante un resultado de las encuestas fuera de control el ungido podría ser Marcelo Ebrard.

El presidente, parece estar pensando en que su legado sólo se puede materializar si las personas que ocupen el poder tienen la voluntad y energía de darle continuidad. Confía poco en los cuadros, más experimentados, por más leales que sean a su movimiento. Eso explica parcialmente por qué Alejandro Encinas no fue confirmado como secretario de Gobernación y, en cambio el nombramiento recayera en una mujer joven, que en corto tiempo demostró su capacidad negociadora lidiando con los toros bravos del empresariado nacional y dirigentes sindicales de toda catadura. No hay que perder de vista a María Luisa Alcalde Luján para el proceso sucesorio de 2030.

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.